La acción de los gobiernos, cualquiera que sea su signo político, a la hora de enfrentar la crisis global ha sido tan desafortunada que sólo consiguen que ésta empeore. La restricción del crédito y la incertidumbre estrangulan el crecimiento económico y su contraparte, el empleo, de las economías más desequilibradas conduciendo a una situación maniacodepresiva en la que, a nivel práctico, las personas han quedado reducidas a dos grupos: Los que han perdido su trabajo y los que están a punto de perderlo.
Tales
despropósitos son sólo en parte atribuibles a la necedad o la ineptitud de los
gobernantes, pues en muchos casos son resultado de un plan de acción predeterminado
que se ejecuta al servicio de intereses contrarios al bienestar de los
ciudadanos.
El patrón neoliberal
se implantó debido a que la globalización y la deslocalización de la producción
industrial provocaron que en los países desarrollados quedasen exclusivamente las
oficinas corporativas que manejaban los recursos líquidos de las corporaciones,
recursos líquidos que se invierten en productos financieros buscando maximizar su
rentabilidad. Así, la burguesía
financiera desplazó a la burguesía oligopólica industrial, a la que eufemísticamente se denomina «mercados
financieros». Los gobiernos operan en beneficio de esa burguesía financiera aplicando políticas que provocan que la
distribución de rentas sea cada vez más inequitativa, lo que mina la demanda interna
y debilita la economía real.
La hipótesis de partida consiste en admitir que la actual clase
política es una casta que se considera propietaria de lo público más que
administradora al servicio del público, por lo que no tiene reparos en mentir
para sacar partido de la ingenuidad del cándido ciudadano. Es por esta razón
que la acción gubernamental, con independencia del color político, siempre se
pone al servicio de un sistema que salvaguarda el interés particular de unos
pocos. El color político, salvo por matices cosméticos, no tiene influencia en
lo que a la ejecución de la política económica se refiere, de tal manera que
tanto gobiernos como oposición terminan por hacer lo que antes dijeron que jamás
harían. Siguiendo este razonamiento, Rajoy es continuador de la misma política
económica que obstaculizaba en tiempos del gobierno de Zapatero, política
económica neoliberal de la que Zapatero ideológicamente renegaba pero que en la
práctica él mismo profundizó desde mayo de 2010, y a la que el actual líder de
la oposición daría continuidad en caso de gobernar. Esa ruptura entre el
discurso de conveniencia y la acción de gobierno desacredita a la clase política
ante la parte más crítica de la sociedad, que identificamos con el centro del
espectro político y que es el sector más abstencionista precisamente por ser el
menos dogmático, lo que cimenta el sentimiento de desconfianza en el
funcionamiento del sistema.
El impudor no es exclusivo de la clase política: Partidos
políticos, medios de comunicación y el mundo académico oficial forman un
complejo político-económico-intelectual que ampara el orden establecido al
dictado de la burguesía financiera
nacional.
Recientemente con motivo del asunto de Bankia me disponía a
escuchar un debate en una reputada emisora de radio cuando en la cabecera de la tertulia escuché
“Bankia patrocina este programa”. Como
no me gustan las tomaduras de pelo no seguí escuchando el programa. Si bien no se puede decir que el cinismo de
los medios de comunicación sea homogéneo, todos aplican cierta dosis de
alquimia reseca-cerebros –los medios televisivos en mayor medida– a fin de
distraer y confundir al ciudadano con el seguimiento minuto-a-minuto de la
prima de riesgo o el índice del IBEX, cuando el problema real es el empleo y
las coberturas sociales que constituyen los pilares sobre los que se asienta el
bienestar de la gran mayoría de los ciudadanos. Es cierto que la prima de
riesgo influye en el coste de financiación de los Estados, pero la prima de
riesgo es la que es porque el Estado se ha erigido en garante de un sistema
financiero en descubierto y es ese eventual coste del rescate bancario lo que pone
en duda la solvencia del Estado autoproclamado avalista.
Precisamente
porque lo importante es el empleo y el bienestar de los ciudadanos las
elecciones griegas del 17 de julio representan una esperanza de que algo en
Europa cambie. Con la excusa de lo inevitable los
gobiernos no pueden continuar operando exclusivamente
en beneficio del sistema financiero, aplicando políticas que provocan el
empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de ciudadanos pues los principales costos de estas políticas recaen sobre
los sectores populares que carecen de los medios para conseguir que se
instrumenten programas de salvamento como los que se están aplicando precisamente
para el sistema financiero. Si ese
dinero fuera utilizado para atacar la pobreza y estimular las actividades
productivas induciría un crecimiento mundial tal que cientos de millones de
personas saldrían de la pobreza, pero esto implica una redistribución de la
riqueza real que quien ostenta la riqueza financiera no va a consentir de buen
grado.
El sentimiento de desconfianza en el funcionamiento del sistema en
un contexto de grave crisis económica pone en riesgo el propio proceso político
al transformar ese descrédito en un sentimiento de deslegitimación del sistema
democrático que derive en dolorosos populismos, como ha sucedido en otros
momentos de la historia. Esta cuestión es especialmente delicada en España donde
el nivel de desempleo alcanza cotas insoportables. Pero frente al poder del mercado y su principio
de buen gobierno «una acción, un voto», las elecciones democráticas griegas
pueden suponer la aparición de una nueva fuerza social y
política que sitúe en el centro la protección del ciudadano.
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