LA ECONOMÍA DE LA OFERTA Y LA PALANCA DE LA CORRUPCIÓN

Tras la nefasta experiencia de los totalitarismos europeos de la primera mitad de siglo XX, que desembocaron en la Segunda Guerra Mundial, en el viejo mundo desarrollado se extendió la conciencia sobre la idea de que el progreso y el bienestar social de los ciudadanos dejaba de ser una cuestión individual para convertirse en una cuestión ineludible para la estabilidad del sistema político y el buen funcionamiento de la economía, lo que propició que se alcanzara un consenso general en torno al New Deal y al Estado del Bienestar. La idea común compartida por socialdemócratas, liberales y conservadores hizo posible el periodo de prosperidad más largo que hayan conocido los ciudadanos de estas naciones y el progresivo arrinconamiento de las ideologías radicales, aunque no su desaparición. 

En Europa el consenso sobre la distribución de la prosperidad en una economía capitalista en expansión se denominó la Nueva Gobernanza Europea y dio lugar al Tratado de Roma. En EEUU ese consenso se denominó New Deal Liberalism, que se extendió desde 1940 hasta 1980 y su éxito social fue tal que sostuvo al Partido Demócrata como el partido mayoritario para más de una generación de norteamericanos. Para ilustrar hasta qué punto este consenso en EEUU era tal, transcribo lo que decía en una carta privada el primer Presidente Republicano electo tras Franklin D. Roosvelt, Dwight D. Eisenhower, quien decía lo siguiente: “Si algún partido intentase abolir la seguridad social, eliminar las leyes de protección del trabajador o los programas de apoyo a los agricultores, no se volvería a saber de ese partido en nuestra historia política. Por supuesto que hay un reducido grupo disidente que cree que estas cosas se pueden hacer… Su número es despreciable y son estúpidos”.    

Sin embargo, durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial el desarrollo económico se produjo al alimón de la supremacía de las corporaciones multinacionales, lo que a la postre ha tenido profundas implicaciones económicas, sociales y políticas, pues tanto a un lado del Océano Atlántico como al otro las políticas redistributivas sufrieron continuos ataques políticos y legales a favor de las políticas económicas centradas en la oferta. Así, desde los años 60 se comenzó a ejercer una crítica atroz a las formas político-económicas del New Deal que sus detractores consideraban coartadoras de las libertades individuales y del desarrollo económico y social, proponiendo nuevas formas a fin de crear un terreno favorable para la revitalización de la economía. Un hecho relevante tuvo lugar en 1964 cuando el libertariano Barry Goldwater, un reconocido militante anti-New-Deal, fue el candidato presidencial del Partido Republicano. Aunque en aquella ocasión los demócratas ganaron las elecciones con el porcentaje más alto de voto de la historia, los partidarios de Goldwater formaron la Nueva Derecha que a la postre auparía a Ronald Reagan hasta la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 1980.

De acuerdo a la profesora de historia de la Universidad de Yale, Jennifer Klein, fueron los lobbys transnacionales movilizados a través de grupos como The Business Roundtable, la Cámara de Comercio Internacional y los think-tanks conservadores los que durante el transcurso de décadas fraguaron el fin del New Deal y la preeminencia de las políticas económicas centradas en la oferta.

La crisis de la estanflación iniciada a mediados de la década de los sesenta, agudizada por la crisis del petróleo de 1973, significó la ruptura del ciclo económico favorable lo que desencadenó una reorganización radical de la economía, fundada en la intensa promoción de la innovación tecnológica, la reforma de las políticas de desarrollo y las tentativas de desmantelar del Estado del Bienestar, que -en las palabras de Margaret Thatcher – fue descrito como "estado niñera", sofocador de las libertades y coartador de la libertad de elección de los individuos.

La globalización propagada por las transnacionales ha jugado un papel activo en la disminución de las ideologías proteccionistas, pues por definición el proceso globalizador se contrapone al proteccionismo, ya esté dirigido hacia la protección de los bienes producidos o hacia la protección de los ciudadanos –desde ese punto de vista, el Estado del Bienestar no deja de ser una manifestación de proteccionismo–.

La confusión meramente semántica entre el liberalismo social de los EEUU por un lado, partidario de las políticas redistributivas, de la universalización de los derechos laborales y sociales, de la intervención del Estado para regular la economía o de la sindicalización de los trabajadores, y el liberalismo económico europeo por otro lado, caracterizado por sus doctrinas económicas centradas en la oferta que defienden exactamente todo lo contrario, contribuyó a causar un gran desconcierto ideológico en torno a la ideología liberal que persiste hasta nuestros días especialmente en Europa, confusión que el mismo Hayek detestaba.

La propaganda de la dinámica globalizadora, utilizando la cobertura de las grandes transnacionales y aprovechando las situaciones de cambio desconcertante que acaecieron al final del milenio, incentivó el surgimiento de nuevos paradigmas intelectuales, como la postmodernidad, que frente a las ideologías tradicionales proponían un pensamiento débil, flexible y acomodable. La supremacía del liberalismo económico, simbolizada por la caída del muro de Berlín, cristalizó en la desvalorización del concepto ideología y en ese contexto cultural se entiende la formulación del concepto de la tercera vía de Anthony Giddens –que no es otra cosa que la adaptación desde posiciones socialdemócratas a muchas concepciones del conservadurismo–.

Ese desconcierto viene propiciado por el surgimiento de la figura del “empresario profesional” que, en palabras de Schumpeter, es “el individuo que asume riesgos económicos no personales”, en contraposición al industrial clásico que hasta entonces había sido quien tomaba las decisiones. La distinción de clases hasta la primera mitad del Siglo XX estaba clara entre industriales y burguesía urbana de una parte, y trabajadores de la otra, lo que en términos ideológicos se traducía en la adscripción a la ideología conservadora o progresista, dejando al liberalismo ocupar una posición intermedia en el espectro ideológico, por tanto confusa o que se presta a la confusión. Esa separación conlleva la aparición de una nueva clase social, la burguesía financiera (Corporate Class, en inglés), de ideología liberal en el terreno económico –o libertariana, para distinguirla de la ideología socio-liberal del New Deal–, que altera el equilibrio tradicional de clases.

No hay que perder de vista que la ideología no deja de representar una comunidad de intereses o puntos de vista sobre la sociedad respecto a sus factores políticos, sociales, económicos, culturales, morales, religiosos, etc. que pretenden bien la conservación del sistema, bien su transformación o bien su involución.  Por tanto, aunque las ideologías se arrogan para sí mismas la categoría de verdad absoluta, representan sólo un punto de vista particular sobre la realidad. Así, aquél que está conforme con su posición dentro del sistema respecto a los factores antes señalados tenderá a ser conservador, aquél que no esté conforme con sus circunstancias en relación con alguno de los factores señalados tenderá a ser progresista,  mientras que aquel otro que desee la vuelta a un sistema previamente existente tenderá a ser reaccionario. De acuerdo con esto, la mayoría de los individuos en el curso de sus vidas experimentan un movilismo ideológico natural que les lleva a ser más proclives al progresismo cuando son jóvenes, dado que tienen todo por hacer, afinidad que se irá amortiguando con el paso de los años a medida que vayan acomodándose dentro del sistema.

Por consiguiente, dependiendo de la visión que el individuo tenga de si mismo, existirá una expectativa racional sobre su ideología, lo que no quiere decir que ésta sea determinista, es decir, un individuo progresista puede serlo en función del interés propio sin atender a razones de justicia social y un individuo conservador no por el hecho de serlo tiene necesariamente que tener incomprensión hacia la justicia social –en eso consistió básicamente el consenso–.

Pero en nuestros días el sentido de la justicia social se ha perdido generalizadamente y así vivimos dentro de un sistema trastornado que ha aprendido a vivir "como si nada" con la forma más abominable de injusticia social, la pobreza, que deja de ser un problema del sistema para convertirse en un problema individual. Por ello ni nos inmutamos a pesar de que cada 10 segundos mueren de hambre 47 niños en el mundo (más de 2.500.000 al año) cuando, según la FAO, el mundo guarda capacidad para alimentar hasta 12.000 millones de habitantes, que es prácticamente el doble de la población mundial a día de hoy.

El problema del neoliberalismo y sus doctrinas económicas centradas en la oferta está en su verdadera naturaleza que, como decía Bertold Bretch, se manifiesta en sus excesos. Las empresas transnacionales ejercen el control sobre los Estados –en muchos casos favoreciendo la explotación de sus trabajadores– y el control sobre los mecanismos a través de los que opera la economía mundial, recurriendo a prácticas generalizadas de corrupción que, a base de legalizarlas, les ha permitido convertirse en las dueñas del mundo globalizado.

 

Las formas de adoctrinamiento de las grandes masas empleadas por la corporate class hacen uso de los medios de comunicación, la propaganda, la violencia y la represión. Por ejemplo, las grandes transnacionales se valen de los medios de comunicación, a los que financian directamente o a través de la publicidad, para ofrecer una visión sesgada e interesada de la realidad. Así los medios de comunicación acostumbran a describir la corrupción a partir de los que se benefician, que normalmente suelen ser políticos y altos funcionarios de los países subdesarrollados que el Primer Mundo explota. Sin embargo, el Sr. Peter Eigen, ex funcionario de alto nivel del Banco Mundial –donde coincidió con J. Stiglitz– que fue además fundador del Consejo Asesor del Transparency International (TI), es de la opinión que sería necesario buscar la causa de la corrupción del lado de la oferta: “La corrupción que prevalece en estos países es una consecuencia directa del comportamiento de las empresas multinacionales que no vacilan en ofrecer generosos sobornos para obtener así los contratos”. 

 

Fuente: http://www.transparency.org/news/feature/fighting_foreign_bribery_prosecutions_making_it_harder_for_companies

En el reciente informe de Transparency International sobre la persecución de casos de soborno extranjero: “Exporting Corruption? Country Enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention, Progress Report 2012”, el caso de España se califica con una eufemística nota de “Implementación Moderada” (Moderate Enforcement). ¿Qué quiere decir esto?. En el informe se señala lo siguiente:

En el caso de España durante 2011 no consta ningún caso abierto (anteriormente ha habido 3 casos, 2 de tipo Major, el último de 2008). El informe recoge la siguiente información:

 

Desarrollos positivos:    

-        España ratificó el Protocolo Adicional del Consejo de la Convención Europea de Enjuiciamiento Criminal de la Corrupción en noviembre de 2011.

-        España proporcionó asistencia en una investigación suizo-polaca de un caso en el que estaba involucrada la empresa francesa Alstom.

 

Factores negativos:

-        No se han abierto nuevos casos de investigación

-        Falta de información sobre la implementación

-        Falta de implementación

 

Caso de Estudio: Instalaciones Inabensa SA en Costa Rica

Una participada de la corporación Abengoa SA fue acusada en 2008 –encontré este enlace a la noticia de prensa publicada por el periódico El Mundo en 2004; http://www.elmundo.es/mundodinero/2004/10/20/Noti20041020120031.html– de soborno al entonces Presidente de Costa Rica –Miguel Ángel Rodríguez, con el pago de 100.000 dólares– para adjudicarse un contrato público de 55 M$ para la instalación de líneas de alta potencia en la ciudad de San José. El caso fue desestimado por el Tribunal competente por no estar las participadas extranjeras de las empresas españolas afectas por el reglamento en vigor para la prohibición del soborno extranjero.

 

Recomendaciones:  

-        Mejorar las políticas de protección de confidentes

-        Introducir más transparencia en la Fiscalía Anti-Corrupción

-        Destinar más recursos para combatir la corrupción internacional

 

Pero las empresas globales no se limitan a ejercer su poder económico y político exclusivamente contra los países subdesarrollados, pues durante décadas han ejercido su influencia a fin de apropiarse de los recursos financieros y tecnológicos de sus propios países.  La influencia de estas gigantescas sociedades sobre los gobiernos es tal que se manifiesta en la facilidad con la que obtienen de ellos toda clase de favores y prebendas: subvenciones, exención de impuestos, reducción de tarifas, préstamos a intereses bonificados, terrenos gratuitos, etc.  Por ejemplo, recientemente se ha sabido que la filial en España de la empresa más grande del mundo, Exxon Mobil, cuya plantilla está compuesta por un único administrativo, logró el año pasado un beneficio neto de 9.907 millones de Euros y, en plena crisis, pagó cero Euros de impuestos por tales beneficios (valiéndose de la benigna fiscalidad de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros). Es una estafa legal e inmoral, como en el caso de la reciente amnistía fiscal (ver aquí).

 

Se da la paradoja de que las doctrinas económicas centradas en la oferta consagran la libertad de movimiento de los capitales y las mercancías pero le dan la espalda al hombre restringiendo la libre circulación de las personas, en un intento por convertir el Estado del Bienestar de los ciudadanos en el Estado del Bienestar para las grandes corporaciones como parte de un proceso de mercantilización de la Democracia.

 

Desde el lado de la oferta, hoy el político es un vendedor que utiliza estrategias y herramientas propias de los vendedores para manejar a las masas en beneficio de esa corporate class. La inteligencia emocional es la capacidad que posee un vendedor para poder reconocer y también proyectar sentimientos, tanto en sí mismo como en sus clientes, en este caso los ciudadanos. Una de las potencialidades del uso de las emociones de los clientes-ciudadanos como instrumento de venta está relacionada con un factor estratégico, el desarrollo del producto-Democracia, cuya mejora debería redundar en el crecimiento profesional del vendedor-político. Pero, de la misma forma que muchas empresas se encargan de ofrecer el mismo tipo de producto, con similares características y precios, los partidos políticos presentan una visión interesada del producto-Democracia que hace que se pongan en liza percepciones, como las emocionales, que el vendedor-político sabe decodificar para usar luego a su favor, con la ayuda de los medios. En el fondo las grandes empresas-partidos políticos venden el mismo producto-Democracia salvo por matices cosméticos e irrelevantes en lo esencial.

 

El vendedor-político sabe que el cliente-ciudadano no siempre va a transmitir una emoción positiva referente al producto-Democracia y cuando la emoción es negativa el vendedor-político hace uso de su inteligencia emocional para  aprovechar el sesgo cognitivo o ideológico del cliente-ciudadano tratando así de evitar echar por tierra la confianza ganada en el proceso de comunicación y con ello la destrucción de la relación comercial construida con el cliente-ciudadano hasta ese momento. Entonces el vendedor-político dirá lo contrario de lo que piensa porque sabe de su eficacia a la hora de conseguir el agrado y complicidad del cliente-ciudadano de parvo intelecto.

 

Pero como decía don Miguel de Unamuno: “Sabido es lo que son y han sido siempre nuestros gobiernos. Cuando no quieren, o no pueden, o no saben cumplir lo que la opinión pública les exige, lo falsean todo. La mayoría de los políticos viven del engaño y en él quiere mantenernos a todos, sin darse cuenta que no es posible idiotizar a los ciudadanos libres que conservan la cabeza en su sitio y un espíritu crítico al cual no van a renunciar”.  Por eso en estos tiempos al comprobar el injusto reparto de la carga de  la crisis muchos ya no son susceptibles a los eslóganes del tipo “Es inevitable”, “No hay más remedio que hacerlo” o “Todos somos culpables porque hemos gastado lo que no tenemos”, pues se han dado cuenta de que España ya no es de los ciudadanos sino que es propiedad de esa corporate class que comunica su propaganda a través del vendedor-político para asegurarse que se apodera no ya de lo que tenemos, sino incluso de nuestro futuro, los impuestos que pagaremos todos menos ellos por las próximas décadas.

El ciudadano libre pensador comprende que se ha subvertido el principio democrático de "un hombre un voto" sustituyéndolo por el principio societario de "una acción un voto", lo que merecería pena de destierro. Es por ello que en la actualidad está en cuestión el consenso mayoritario alcanzado en el mundo desarrollado tras las dos grandes guerras del siglo XX, y se rejuvenecen las ideologías fuertes y extremistas porque tienen un componente dogmático que las hace verse a si mismas como la verdad absoluta y la solución a los problemas. 

Desde la cordura me vienen a la mente las palabras de Edmund Burke cuando decía: “El peor error que podemos cometer es no hacer nada por pensar que es muy poco lo que podemos hacer”. Para empezar se me ocurre darles donde más les duele, eludiendo las trampas de la economía de la oferta, cambiando nuestros hábitos como consumidores hacia un consumo más moderado y responsable que premie sólo a aquellos afines al bien común y castigue a los que no.