RESCATE FINANCIERO PARA ESPAÑA: HISTORIA DE LA ESTAFA MÁS GRANDE JAMÁS PERPETRADA

El término rescate tiene un uso eufemístico en nuestros días. Mirando el propio diccionario de la RAE encontramos la acepción humanitaria del término relativa al efecto de rescatar, en el sentido de liberar.  Pero también encontramos en el diccionario la acepción que asocia el rescate con el dinero con que se rescata o se pide para ello, por ejemplo, el coste de la liberación en el caso de un secuestro. En ese caso el rescate tiene una connotación negativa, dolosa.
 

En inglés  se usan distintos términos para distinguir de qué estamos hablando: por ejemplo, se usa “rescue” para referirnos a la acción y efecto de liberar, “ransom” para referirnos al coste de la liberación, por ejemplo, en caso de secuestro, y “bail out” para referirnos al auxilio financiero, incluido el pago de fianzas. En todos los casos tenemos alguien que está en una situación comprometida, alguien que puede propiciar la salida de esa situación y alguien que percibe un beneficio, generalmente, el coste del rescate. Si el que percibe el beneficio resulta ser el que mismo que provocó el problema estamos ante un chantaje, una situación injusta y perversa, en definitiva, una golfería.

El rescate que se plantea para la economía española es una gran estafa de cuello blanco, un chantaje legal a la sociedad perpetrado por los agentes de la nueva gobernanza europea que sirven a intereses que están en conflicto, cuando no se contraponen, al interés general y el bien común. Por esa razón, antes de volvernos locos a bendecir el rescate mejor pensemos sobre el tipo de rescate del que estamos hablando y sus consecuencias. Rememorando las palabras de Santa Teresa de Jesús: “se derraman más lágrimas por los deseos concedidos que por los no concedidos”.
 

Los hechos son que el Estado español se encuentra en una encrucijada acuciado por el déficit fiscal galopante provocado por la caída de los ingresos fiscales, el mantenimiento de los gastos más los vencimientos de la deuda contraída en el pasado, deuda que aumenta año tras año.
 

La consideración de esa deuda es un asunto importante pues de evidenciarse que en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado culpa grave, impericia o ambas cosas por parte de administradores y acreedores estaríamos ante un caso de contubernio y estafa a los ciudadanos y, por consiguiente al Estado, por lo que habría que reconsiderar a quien corresponde, al menos en parte, el pago de tal deuda.
 

El periodo comprendido desde 1995 hasta 2007 fueron años de alto crecimiento del PIB español, por encima del 3% de media anual,  por lo que el Estado español acumuló superávit sistemáticos, no exclusivamente a resultas de la gestión procíclica de nuestros políticos sino por la propia dinámica del crecimiento en el ámbito de la Unión Europea y su efecto sobre la balanza fiscal del país.  
 

Hoy a nadie se le escapa que la Unión Europea fue mal concebida. Uno de los problemas centrales radica en que los gobiernos del Euro no pueden emitir la moneda en la que está denominada su deuda y tampoco pueden pedir prestado directamente al BCE, por lo que están obligados a generar superávits si quieren cumplir con el pago de  los intereses de la deuda.  Por esta razón el Pacto de Estabilidad y Crecimiento establece un límite para el déficit fiscal de los Estados que éstos deben cumplir.  Con unas cuentas públicas saneadas debería ser más fácil reducir la deuda pero también resulta más fácil caer en la tentación de desplegar políticas de gasto superfluo que incrementan la deuda, por lo que para cumplir los límites de deuda acordados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento  los Estados necesitan generar si cabe mayores superávits.  La Unión Europea fue concebida para que los Estados miembros estén siempre financieramente cubiertos, utilizando la terminología Minskyana, lo que implica que siempre deben producir un superávit fiscal por encima del coste de la deuda. El problema fundamental reside en que se necesitan tasas de crecimiento altas para mantener la promesa de los superávit fiscales y esto no es posible “sine die”. 
 

Cabe preguntarnos si puede haber superávit fiscal en un contexto de recesión.  La experiencia revela que hasta ahora nunca ha sido posible conciliar superávit y recesión. Entonces, cabe preguntarse qué pasa cuando en situaciones de recesión  los Estados no pueden generar superávits fiscales.
 

En esos casos los Estados tienen que  emitir deuda adicional para que sea adquirida por el sector privado –porque el BCE no tiene el mandato para hacerlo–  lo que convierte a los Estados en estructuras  Ponzi, siguiendo con la terminología Minskyana, pues tienen que pedir prestado para pagar los intereses de la deuda contraída hasta entonces, de modo que la deuda viva inevitablemente aumenta.  En la medida en que los periodos de crisis y recesión económica han existido y existirán siempre y, como la experiencia demuestra, en esas situaciones la generación de déficit fiscal es inevitable, el sistema prevé que para hacer frente a los pagos los Estados contraigan con el sector privado créditos que no podrán pagar en tanto no vuelvan a tener superávits, lo que en la práctica supone dos cosas: en primer lugar, el sistema planifica que los Estados oculten su situación de insolvencia y, en segundo lugar, el sistema propicia que los Estados se conviertan en cautivos del capital que los financia. Si además consideramos el agravante que supone la aplicación de políticas de austeridad que empeoran  el desempeño económico y la aceleración del deterioro de las cuentas públicas, el contubernio para que el capital financiero privado se adueñe de los Estados está servido.  
 

Cuando el inversor privado independiente percibe que la insostenibilidad de las cuentas del Estado no justifica ser «socio capitalista» de ese Estado, lógicamente termina por darle la espalda a la deuda gubernamental dejando así la subscripción de bonos gubernamentales en exclusiva para aquellos inversores con intereses en la economía local, los bancos nacionales.  Pero si resulta que el «socio capitalista» que queda se encuentra también en una situación financiera insostenible el entramado se desmorona como un castillo de naipes.
 

En los años del “milagro español” la economía nacional creció por encima de sus posibilidades reales debido al empuje del sector inmobiliario. Los bancos españoles crearon fondos de titulización que permitían a los bancos financiarse en el mercado vendiendo bonos respaldados por créditos hipotecarios con cuyos intereses se retribuían estos bonos. Estos instrumentos son la clave del boom pues permitieron a las entidades obtener liquidez para expandir el crédito entre su clientela constituyendo un círculo vicioso entre el volumen de créditos (la masa titulizada) y sus fuentes de financiación.
 

Estos bonos eran adquiridos en su mayoría por bancos alemanes, franceses y holandeses –los principales acreedores de la banca española– que, al tratarse de entidades financieras, conocían perfectamente cómo empleaba esa liquidez el sistema financiero español.  De hecho, a medida que el proceso burbujístico se desarrollaba estos bancos europeos comenzaron a exigir más garantías a los bancos españoles que, para proseguir financiando su expansión, se vieron obligados a emitir cédulas hipotecarias. Las cédulas hipotecarias, a diferencia de los bonos respaldados por créditos,  son activos cubiertos no solo por la cartera hipotecaria de la emisión sino por toda la cartera, con acceso privilegiado a la mejor parte del balance del banco emisor, lo que los convierte en instrumentos de “riesgo bancario mejorado”.
 

Pero la contracción del crédito en el mercado interbancario debido al estallido de la crisis subprime trajo consigo dos consecuencias relevantes: por un lado, la percepción del riesgo exógeno y asimétrico ahuyentó a los inversores –incluidos  los bancos–  de los productos financieros estructurados buscando refugio en la deuda gubernamental y, por otro lado, la constatación del riesgo endógeno provocó que los bancos redujeran la producción de préstamos por lo que disminuyó la masa para titulizar.  La importancia del segundo efecto en España fue tal que el saldo vivo de los bonos de titulización bancarios llegó a caer por debajo del crédito.
 

Como los bancos españoles  ya no podían financiarse en el mercado, mientras financiaban en exclusiva a su Tesoro comenzaron a usar la deuda gubernamental que tenían en cartera como garantía en las subastas de liquidez del BCE, pero no contentos con eso comenzaron a suscribir ellos mismos sus propios bonos de titulización usando estas emisiones con el mismo propósito. Semejante círculo vicioso de doble hélice nos deja con dos estructuras zombies que avanzan tambaleándose y aguantándose mutuamente.
 

Al concederse menos créditos  la masa titulizable cayó significativamente al tiempo que la valoración de los activos hipotecarios se reducía gradualmente,  así que los bancos trataron de ganar tiempo refinanciando sus vencimientos para retrasar parte de los vencimientos todo lo que pudieran, llegando en su afán por buscar pasivo a ofrecer canjes perjudiciales a sus clientes  como fue el caso de las preferentes.
 

Cuando la situación de los bancos hace insostenible mantener el ritmo de compra de bonos gubernamentales a un interés asumible para el Estado la prima de riesgo se descontrola.   El BCE, siempre para proteger a los acreedores de los bancos españoles, promovió inyecciones de liquidez masiva, hasta un billón de euros al conjunto de bancos europeos, de los que más del 30% fue a parar a los bancos españoles.
 

Pero en un contexto económico en continuo deterioro las inyecciones de liquidez no causaron el efecto balsámico esperado y cuando la tercera entidad bancaria española, Bankia, se vió obligada a declarar la necesidad de ayudas millonarias para salvar sus pérdidas se desencadenó el rescate al sistema financiero. Dicho rescate supone que se va a recapitalizar directamente a la banca mediante un préstamo de hasta un máximo de 100.000 millones de Euros e incluye la creación de un banco malo que se dedicará a comprar activos tóxicos para rescatarlos del balance de los bancos.  En términos prácticos, este rescate supone que el Estado se hace garante de un préstamo a fondo perdido para que nuestro sistema financiero pueda cumplir con sus acreedores -si en julio pasado la consultora Oliver Wyman calculaba hasta un 100% de pérdidas en los créditos con garantía de suelo no urbanizable dos meses después ha rebajado esas pérdidas a tan solo el 37%, en el escenario base, lo que da una idea de cuál es el plan para el banco malo-.   
 

Cuando Hyman Minsky formuló su hipótesis de la inestabilidad de los mercados financieros, desde el punto de vista financiero clasificó las empresas como cubiertas, especulativas o Ponzi.  Minsky no mencionó que el propio sistema financiero fuese especulativo o incluso llegase a ser Ponzi, pero yo no albergo duda de que en el espíritu de su análisis reside esa eventualidad. 
 

A día de hoy, aún sin materializarse siquiera el rescate a Bankia, se da por hecho el rescate total para la economía nacional, arrastrada por tres factores fundamentales:
 

• Unas estructuras europeas regidas por una nueva gobernanza europea que sirve a las élites financieras planificando el endeudamiento de los Estados poniéndolos en manos de acreedores privados.
 
• Unos administradores de lo público que hicieron crecer la deuda en tiempos de superávit fiscal.
 
• Un sistema financiero nacional  que creció –y ayudó a crecer a la economía española– en base a un modelo de gran endeudamiento y apalancamiento.
 
• Un sistema financiero internacional que actuando en beneficio propio financió el brutal apalancamiento del sistema financiero español y, por tanto, de su economía.

Ahora ninguno de estos responsables asume sus excesos y en lugar de proponernos la necesaria reconversión de este sistema político-financiero ha decidido que sean los ciudadanos quienes paguen en última instancia el coste de una salida a esta situación, que por otro lado nunca llega, a través de recortes salariales, aumentos de impuestos y un deterioro de los servicios públicos básicos, salud y educación que las élites no necesitan pues ellos sólo consumen la excelencia y, puesto que son los únicos que se pueden permitir pagarla, logran que esa excelencia que vive de ellos sirva a sus intereses y se afane en ocultar tras baño de oro esta gran estafa.
 

Los ciudadanos, entre tanto, asisten ignorantes y crédulos a esta escenificación moderna del timo de la estampita en la que les prometen liebre cuando en realidad les van a dar ratón con orejeras.  Así tratan de convencernos de que «España va a salir de la crisis siendo un país mucho más eficiente y competitivo, a costa de una renta por habitante bastante inferior», pero si llega menos dinero para financiar el sistema público esto inevitablemente afectará a la protección a la jubilación y no se trata ya de una pérdida de derechos, sino del desfalco de las cotizaciones aportadas durante los años trabajados por generaciones de españoles.
 

En el contexto privado si una empresa quiebra porque no puede hacer frente a sus deudas surge la necesidad de regular las pérdidas.  El concurso de acreedores es un procedimiento legal ideado para organizar las finanzas del deudor para conseguir que el mayor número de acreedores cobren lo máximo posible, con independencia de la cuantía de sus préstamos, de ahí que se diga que el procedimiento protege más a los débiles, como los trabajadores, postergando especialmente a aquellos que pudieron tener influencia en la mala situación económica o los que pudiesen beneficiarse del concurso, por ejemplo, administradores de la sociedad o personas relacionadas con el deudor. Los intereses de los créditos adeudados se consideran créditos subordinados y, por tanto, se cobran en último lugar.
 

Sin embargo, si la insolvencia afecta a un Estado tenemos que tragar con la socialización de las pérdidas privadas en detrimento de la mayoría de ciudadanos, para pagar básicamente intereses –el coste de la deuda en 2012 duplica el de 2009 y ya supera las partidas de gasto de personal o la cobertura al desempleo–  y sin que los inversores asuman que cuando invertían en deuda del Estado estaban contrayendo un riesgo de crédito que ellos mismos han contribuido a materializar actuando en beneficio propio cuando deliberadamente financiaban el brutal apalancamiento de los bancos españoles y, por tanto, de toda la economía española.  Por eso aceptando la situación actual estamos permitiendo que los usureros se adueñen día a día de nuestra Nación, hasta que un día comprobemos que ya nos lo arrebataron todo.   
 

El rescate total a la economía española viene propiciado por la imposibilidad del Estado español a la hora de colocar su deuda en el mercado. De ahí que la propuesta de que una institución como el BCE compre estos bonos directamente en el mercado secundario es una buena noticia, pero si además de pagar por ello un interés financiero que no podremos devolver este rescate conlleva mayores ajustes que contribuirán a deprimir aún más la economía española, además de poner de manifiesto que el propósito de toda esta suerte de gobernantes europeos –incluidos los líderes de los partidos mayoritarios españoles–  no es defender el bien común ni el bienestar de los ciudadanos,  continuaremos sufriendo  los nefastos resultados de una política económica condenada al fracaso que terminará por hundir en la miseria a los propios países centrales ahora insolidarios, provocando que la crisis se extienda hasta los cimientos de todo el sistema político europeo.
 

Por esa razón los ciudadanos debemos oponernos decididamente al recorte indiscriminado de los gastos de los que depende la función del Estado de Bienestar, pues debido a la manifiesta incompetencia de nuestros administradores los recortes siempre van a más, y como ya dijimos anteriormente, las élites no necesitan los servicios del Estado de Bienestar ya que no los usan y encima su avaricia les lleva a ver en el Estado del Bienestar una oportunidad de negocio perdida.
 

Los ciudadanos tienen la obligación de asegurarse de que el único y absoluto objetivo de su Gobierno sea la conservación del patrimonio de la Nación. De ahí que la prioridad de España deba ser reducir el desempleo logrando que la actividad económica no continúe por la senda de la degradación en la que actualmente se encuentra, aunque para ello algunos acreedores deban quedarse sin cobrar todo o parte de sus deudas y otros tengan que esperar largo tiempo para cobrarlas.